A través del Decreto 534/2025 el Poder Ejecutivo Nacional observó totalmente el proyecto de ley registrado bajo el número 27.793, por el que se declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo fundamentó que la iniciativa no previó un mecanismo de financiamiento específico y que resulta “imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”.
El texto regresó al Congreso, el que podrá insistir con su sanción con los 2/3 de los votos.
