El proyecto fue aprobado en general por 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones y pasó en revisión al Senado. Durante la votación en particular se incorporaron diversas modificaciones: se redujo el período de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarse por un año más; se agregaron como medidas de protección y promoción de derechos a los programas de reconocimiento de empresas que incluyan prácticas de equidad laboral para jóvenes con discapacidad; se especificaron criterios de salud y socioeconómicos para los sistemas de auditorías y se establecieron eximiciones del 50% de las contribuciones patronales y de la seguridad social por el período de tres años para los empleadores que contraten trabajadores con discapacidad.
El diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria, Buenos Aires) ofició de miembro informante y explicó que la iniciativa busca recomponer el nomenclador de prestaciones mediante el ajuste por inflación desde diciembre de 2023, reacomodar la estructura de funcionamiento de las pensiones por discapacidad y fijar una posición clara de respeto por parte del Estado hacia el colectivo de personas con discapacidad.
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