El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 27.793 que declara la emergencia en discapacidad hasta 2026, pero le comunicó al Congreso de la Nación que debe especificar las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan su ejecución.
La norma fue promulgada tras la insistencia de las cámaras parlamentarias luego de ser vetada. Sin embargo, el Gobierno en el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial este 22 de septiembre, expresó en sus considerandos que “el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional se establece que “[t]oda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Paralelamente, la Jefatura de Gabinete de Ministros realizó una modificación presupuestaria mediante la Decisión Administrativa 24/2025, por la que busca “dar respuesta, a partir del 1° de octubre del corriente año, al reclamo de actualización formulado por los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La medida implica un incremento del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad por $121.363.881.238, a través de una compensación en la que se disminuyen los créditos asignados a las Obligaciones a cargo del Tesoro.
